La política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la militarización policíaca, la descalificación al Poder Judicial, así como la violencia contra las mujeres y la desaparición forzada son las principales preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Durante la sustentación del sexto Informe Periódico la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, presentó los avances legislativos y de política pública que se han alcanzado en materia de derechos humanos aunque reconoció los retos que se mantienen.

Sin embargo, los comisionados externaron su preocupación por algunas de las acciones que se han desarrollado por parte de la actual administración como es la política de austeridad aplicada a los mecanismos de reparación de víctimas; así como las reducciones salariales al poder judicial.

Asimismo, los comisionados cuestionaron a la delegación mexicana sobre las acciones reales que lleva a cabo el Estado para garantizar el mando civil de la Guardia Nacional y con ello detener la tendencia a militarizar la policía que se tiene desde 2006.

“Lo de la Guardia Nacional a lo mejor no va poner fin a la militarización de la policía, sino que tal vez va perpetuar esta situación, esto no es un proceso nuevo, esto ha estado sucediendo desde 2006 y al menos en términos de la cantidad de víctimas desde fuera no sólo no ha tenido un gran éxito, sino que ha empeorado la situación de violencia”, refirió el comisionado.

Asimismo se cuestionó la Ley de Austeridad Republicana que está pendiente de su aprobación por el Senado por considerar que eliminaría derechos sociales de forma regresiva, al pretender que ningún funcionario público gane más que el presidente.

La situación del poder judicial fue otro de los elementos que alertó el Comité, considerando que la reducción de sueldos a jueces y magistrados atenta contra la propia Constitución Mexicana, además de que existe una constante descalificación por parte del presidente y la bancada oficialista cuando se adoptan decisiones contrarias a los intereses del gobierno.

Los comisionados también cuestionaron sobre los avances que se han tenido en la tipificación a nivel nacional del feminicidio, aunque alertaron que en los hechos esto no se aplica en todo el país, además de solicitar las estadísticas sólo de los casos que se han presentado, sino cuántos de estos efectivamente han accedido a la justicia.

(Milenio)