Un fin de semana aciago en cuanto a víctimas de la violencia, con más de 50 personas asesinadas por las pandillas, llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pedir el 27 de marzo de 2022 la declaración del régimen de excepción. Dos años después, la criminalidad está en niveles mínimos, pero las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos siguen preguntándose por las consecuencias de esta medida.


El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reconoció en enero que aún faltan entre 18,000 y 20,000 pandilleros por detener, pese a que los arrestos ya superan los 75,000. El Gobierno admite cierto margen de error en estas detenciones masivas, que rondarían entre 6,000 y 7,000, como llegó a estimar el vicepresidente Félix Ulloa.


La delincuencia ha bajado, pero la ONU ha advertido de los excesos ejercidos por las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad salvadoreñas.