Madagascar vivió un golpe de Estado militar después de que la unidad élite CAPSAT destituyera al presidente Andry Rajoelina, quien abandonó el país tras dos semanas de protestas juveniles contra la corrupción y la falta de servicios básicos.
El coronel Michael Randrianirina, comandante de CAPSAT, asumió como presidente de facto y anunció una transición de menos de dos años, con promesa de elecciones en 18 a 24 meses y un “primer ministro de consenso”.
El Tribunal Constitucional validó la autoridad del nuevo gobierno, mientras la ONU y Human Rights Watch expresan preocupación por el cambio inconstitucional de poder.
La población, especialmente jóvenes, celebró la salida de Rajoelina, aunque persiste incertidumbre sobre el futuro político de la isla.
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