Aunque no se haya comprobado su culpabilidad, un juez o jueza podrá enviar a la cárcel, en automático, a las personas acusadas de los delitos de narcomenudeo, extorsión y actividades relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, además de la defraudación fiscal, si los legisladores aprueban una nueva reforma al artículo 19 de la Constitución.

La próxima semana, la Cámara de Diputados podría discutir y aprobar el cambio al artículo que precisa los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, luego de que el 6 de noviembre el pleno dio lectura al dictamen aprobado el 13 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales.


La iniciativa es una de las 18 propuestas de reforma constitucional que desde febrero pasado envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso.

De aprobarse la reforma serán, en total, 23 delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa o automática, el triple que había en 2008, cuando se incluyeron los primeros crímenes graves en la Carta Magna.

La Cuarta Transformación añadió 11 ilícitos al catálogo de delitos graves en 2019: abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, entre otros.


ONU Derechos Humanos considera que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

"Una estrategia de populismo penal"
En entrevista con El Sol de México, el especialista en Derecho, Javier Martín Reyes, opina que aumentar el catálogo de delitos graves castigados con prisión preventiva oficiosa es una estrategia de populismo penal, mediante la cual la 4T busca tener más mecanismos de control.

Quieren tener más mecanismos de control y quieren recurrir a este tipo de figuras para presionar y encarcelar a quien sea (...) es una herramienta para el abuso, tal cual, por parte de la de las autoridades"

“Exigir a los jueces que ordenen la prisión preventiva sin revisar las circunstancias de cada caso contraviene el derecho internacional de los derechos humanos y no es una forma efectiva de abordar la delincuencia”, señaló Human Rights Watch en un comunicado.


-EL SOL DE MÉXICO-