Los países miembros de la Unión Europea adoptaron un paquete de reformas migratorias que modifica significativamente la política de asilo y deportación.


La nueva legislación introduce medidas para hacer más rigurosos los procedimientos de solicitud de asilo, lo que incluye aumentar la velocidad de los procesos y, en algunos casos, limitar las opciones de apelación. Además, se establecerán centros de detención para acelerar las deportaciones de migrantes irregulares y facilitar el retorno a sus países de origen. A pesar de la intención de frenar la migración ilegal y reducir la presión sobre los sistemas de bienestar social, la reforma ha generado controversia.


Activistas de derechos humanos y varios estados miembros, especialmente en el sur de Europa, han expresado su preocupación de que estas nuevas políticas puedan violar los derechos de los migrantes y refugiados.


Algunos critican la falta de un enfoque más humanitario que considere las condiciones de vulnerabilidad de muchos solicitantes de asilo, especialmente aquellos provenientes de regiones en conflicto o con altas tasas de pobreza.