La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las sanciones impuestas por el presidente de EE. UU., Donald Trump, a sus funcionarios, advirtiendo que dañarán su independencia y capacidad judicial.

La CPI llamó a la comunidad internacional a defender los derechos humanos y la justicia. Líderes de la UE, como António Costa y Ursula von der Leyen, respaldaron a la Corte, destacando su labor en la lucha contra la impunidad global.

Israel y Hungría apoyaron las sanciones, criticando a la CPI como un "instrumento político". La orden de Trump impone restricciones a quienes colaboren con investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o aliados.


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