De acuerdo con uno de los voceros del grupo, Arturo Cifuentes, explicó que en su momento fueron catalogados como “paracaidistas”; sin embargo, explicó que dejaron de cubrir los pagos debido a problemas con la constructora, por lo que ahora buscan establecer un convenio que les permita regularizar su situación.

De acuerdo con los testimonios, ya existía un acuerdo previo con la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) desde 2017 y 2018, mismo que -afirman- no fue respetado. Indicaron que los desalojos comenzaron el pasado 30 de marzo y que actualmente al menos 88 familias se encuentran en diálogo con autoridades, aunque el problema podría extenderse a cerca de 400 viviendas.

Asimismo, los afectados señalaron que algunas familias llevan hasta 15 años habitando estas casas, lo que ha generado incertidumbre entre quienes aún no han sido desalojados. Añadieron que las viviendas habrían sido subastadas a distintas entidades sin claridad sobre los nuevos propietarios, mientras que, ante la falta de respuesta oficial, mantienen la exigencia de que se respeten los convenios previos y se les permita continuar con el pago de sus viviendas.