El gobierno de Nicaragua, bajo Ortega y Murillo, ha consolidado un régimen autoritario, eliminando controles institucionales y cometiendo violaciones de derechos humanos.

En febrero de 2024, una reforma constitucional otorgó poder absoluto al ejecutivo, debilitando otros poderes. Además, ha aumentado las detenciones arbitrarias, expulsiones y confiscaciones.

Los expertos de la ONU advirtieron que estos actos podrían ser crímenes de lesa humanidad y pidieron sanciones y medidas legales internacionales contra los responsables.



-ARISTEGUI NOTICIAS-