El diputado federal Alejandro Domínguez su postura frente al proceso de desafuero contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, señalo que considera este procedimiento como una cortina de humo para desviar la atención de otros casos importantes, como el ocurrido en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

A pesar de las controversias en torno al caso, los miembros del PRI destacaron su firme apoyo a la legalidad y el Estado de Derecho, enfatizando que el desafuero no debe interpretarse como una culpabilidad automática de Blanco. En su intervención, los diputados explicaron que el procedimiento de desafuero se basa en la declaración de procedencia establecida en el artículo 74 de la Constitución, el cual faculta a la Cámara de Diputados a determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra un servidor público.

Los legisladores priistas detallaron que, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, es necesario cumplir con una serie de requisitos para que se lleve a cabo el juicio de la acción penal. En particular, indicaron que es necesario acreditar los elementos del tipo penal de tentativa de violación. Sin embargo, señalaron que la Fiscalía de Morelos solo ha presentado tres pruebas dentro de la carpeta de investigación: la declaración de la víctima y dos dictámenes periciales psicológicos.