La fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM), Wendy Chávez Villanueva, denunció una serie de acciones previas al desalojo de las oficinas que ocupaba el personal de la Fiscalía en el municipio de Guadalupe y Calvo, las cuales calificó como inadecuadas y sin previo aviso formal por parte de las autoridades municipales.

Chávez Villanueva detalló que, antes de ser desalojados, ya se habían presentado actos que anticipaban la intención del Ayuntamiento de retirar el espacio que previamente se les había prestado. Entre estas acciones, mencionó el corte deliberado de electricidad únicamente en las oficinas de la FEM el mismo día del desalojo, así como la restricción al uso del sanitario del piso donde se encontraban sus instalaciones, obligando al personal a utilizar un baño en el sótano sin acceso a luz ni agua potable.

La fiscal explicó que la única solicitud oficial que se le hizo al Ayuntamiento fue la habilitación del baño que ya se les había autorizado utilizar, sin recibir respuesta favorable.
Asimismo, lamentó la falta de comunicación por parte de la alcaldesa Ana Laura González, quien según aseguró no ha tenido ningún tipo de contacto con la Fiscalía, ni con la coordinadora en Guadalupe y Calvo, ni con el coordinador regional, ni con ella misma, ni con el fiscal general del Estado.

Chávez Villanueva manifestó su preocupación ante la situación, destacando la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el personal que brinda atención a mujeres víctimas de violencia, y reiteró la disposición de la FEM para dialogar con las autoridades municipales en busca de una solución que no afecte la operatividad del servicio ni la atención a la ciudadanía.