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Un juez federal resolvió que la minera —filial de Vulcan Materials— no podrá reiniciar operaciones, sino únicamente ingresar bajo supervisión de la Semarnat para restaurar, compensar y reforestar la zona afectada.
El conflicto entre Calica y el Gobierno mexicano inició en 2022, cuando la administración de López Obrador denunció la sobreexplotación de piedra caliza en la región. Poco después, el área fue declarada Zona Natural Protegida, prohibiendo toda actividad minera.
Mientras continúa un arbitraje internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se busca reconvertir el sitio en un proyecto turístico sustentable, pero sin volver a tocar la cantera.