El 23 de abril de 2025, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que transfiere el control de los permisos de portación de armas de la Secretaría de Gobernación (Segob) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La propuesta fue respaldada por 476 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, y ahora se encuentra en proceso de análisis en el Senado.
La iniciativa establece que la Sedena será la encargada de regular y otorgar permisos para la portación de armas, incluyendo las exclusivas de las Fuerzas Armadas y las de uso civil. Además, prohíbe la posesión, transporte, uso o fabricación de instrumentos que mejoren el rendimiento de las armas con fines ilícitos, ajenos a actividades recreativas como la caza o el tiro deportivo.
La propuesta también contempla que funcionarios de empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco de México (Banxico), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), podrán portar armas. Asimismo, se abre la posibilidad para que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo puedan poseer en su domicilio un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente debate sobre el control de armas en México, en medio de preocupaciones por la violencia y el crimen organizado en diversas regiones del país. La transferencia de competencias a la Sedena busca centralizar y fortalecer el control sobre las armas, aunque ha generado opiniones divididas entre quienes consideran que mejorará la seguridad y quienes temen un posible uso indebido de la fuerza.
La discusión continúa en el Senado, donde se espera un análisis detallado de los posibles impactos de esta reforma en la seguridad pública y los derechos civiles.
